EXONERADOS
Ahora que el tema de los exonerados políticos vuelve a estar en el tapete, vuelvo a publicar una columna de 2011, con actualizaciones
La Comisión Rettig
certificó a más de 3.000 víctimas fatales de violaciones de los derechos
humanos. Luego de 20 años, se supo de seis
calificaciones equivocadas, esto es, un
0,2%, porcentaje bastante inferior a la tasa de error judicial. La Comisión Valech concluyó, inicialmente, que cerca de 29.000 personas habían sufrido prisión política
durante la dictadura militar. Su trabajo
también fue riguroso: Una vez reabierta, se presentaron más de 30.000 nuevas
peticiones, pero sólo se aceptaron 9.800 de ellas. Ha habido también reparaciones consistentes en facilidades para los exiliados que retornaban a Chile y restitución de puestos a personas expulsadas de universidades o de servicios públicos, así como devolución de bienes expropiados (o de compensación, si ello no era posible) a partidos políticos. Todo ello funcionó normalmente.
En cambio, las reparaciones a los exonerados
políticos (personas despedidas de cargos
públicos por razones políticas) se han desbordado. De los más de 150.000 casos aceptados, muchos
miles están mal calificados.
¿A qué se debe
esto? Primero, a una circunstancia muy
humana: Hay quienes son víctimas de una violación de sus derechos
fundamentales; hay quienes creen de
buena fe, pero equivocadamente, que
calzan en la descripción legal de cierta categoría de víctimas; hay quienes
sienten que han sufrido otras
injusticias y consideran correcto obtener alguna reparación, aunque sea por un
motivo distinto; por último, hay quienes
directamente se aprovechan de los vacíos de la ley para tratar de conseguir un beneficio. En el primer grupo, el de las víctimas genuinas,
no faltan las personas renuentes a buscar compensaciones legales. En el último grupo abunda la falsedad y
sobran los gestores que ofrecen “tramitar una reparación”.
La segunda razón por
la que ha habido desorden y abuso en el caso de los exonerados, es la falta de rigor en los procedimientos para calificar los casos, a
diferencia de lo sucedido con los desaparecidos, ejecutados, presos y
torturados.
Una tercera causa es
el cálculo político. Cuando son decenas
de miles los potenciales interesados en que el proceso de calificación de
exonerados se extienda una y otra vez, y en que los resguardos legales sean escasos,
en cada circunscripción electoral habrá muchos votos en juego. Se crea así un incentivo torcido dentro del
mundo político, sea para apoyar el sistema cuestionable o para cuidarse de no
denunciarlo.
Agreguemos que en Chile
las tradiciones de periodismo investigativo han sido más bien escuálidas
(situación que tiende a cambiar un tanto) y tendremos una situación que permite
que se cometa una gruesa irregularidad y que ésta permanezca escondida por
largos años.
A medida que la Guerra
Fría iba llegando a su fin y se dejaban atrás dictaduras de distinto signo, se
instaló en todo el mundo la noción de que es preciso enfrentar el pasado de
violaciones de los derechos humanos como
un deber moral y como parte ineludible de la construcción de un sistema
democrático justo y sustentable. Dentro
de ese cuadro, un componente de elemental justicia, es la reparación a las víctimas de tales
violaciones o a sus familiares. Chile y
Argentina, por distintos caminos, se hallan entre los países que más han
avanzado en este sentido, aunque con algunos bemoles. Revelar distorsiones en ese proceso, lejos
de debilitar tal propósito, lo fortalece, porque preserva su legitimidad para quienes de verdad merecen las reparaciones.
En un año electoral, este tema puede muy bien ser utilizado políticamente. Habrá quienes pedirán que no se ventile, para no dar argumentos al otro bando. Habrá, también quienes exageren un problema de suyo grave, suponiendo más calculo y maquinaciones de los que hubo o inflando los perjuicios al fisco que, en todos caso, son cuantiosos.
Que el Estado repare los daños causados por violaciones de los derechos humanos es de elemental justicia. Con todo, los derechos humanos deben tratarse con seriedad y con la verdad por delante. De lo contrario se perjudica a la idea misma de su protección y a quienes la necesitan
No hay comentarios:
Publicar un comentario