CHAVEZ: EL MITO SOBREVIVE

El desenlace era previsto:  Hugo Chávez sufría de una enfermedad terminal . El inaudito secretismo oficial sobre su condición generaba alguna interrogante sobre el cuándo, el dónde y el cómo, no sobre su inevitable fin.  Ya su traslado a Venezuela, un par de semanas atrás,  sugería que venía a morir en su patria, y el anuncio oficial del lunes pasado sobre el severo agravamiento de su salud  parecía preparar la luctuosa noticia de ayer.

Hugo Chávez dejó una profunda huella en Venezuela, en América latina y, en menor medida, más allá de nuestra región.  A su haber cuenta colocar el tema de la inclusión y de la justicia social en el centro de la política.  Las mayorías desposeídas de su país, postergadas perennemente por la ceguera y la corrupción de la política tradicional, sintieron su gobierno como suyo y le dieron su apoyo hasta el final.  Lamentablemente, la cuenta del debe es bastante más abultada: Chávez tenía una inocultable vocación autoritaria y personalista;  concentró todos los poderes constitucionales; cultivó megalómanas proyecciones  internacionalistas  y socavó seriamente la democracia y el estado de derecho.   Sus obras sociales se financiaron merced a los altísimos precios del petróleo y a costa de hipotecar los ingresos futuros de la nación.   Su embelesamiento con el régimen cubano y con la figura de Fidel Castro, de quien se sentía heredero, rayaba en la sumisión.

Maduro, su sucesor político designado, abriga similar devoción por Cuba y parecido íntimo menosprecio por la democracia.   Si bien carece del llamativo carisma del fallecido líder, seguramente querrá postularse a la presidencia en las elecciones que ahora, según la Constitución de Venezuela , debieran tener lugar.   Pero dado que los intereses comunes de los chavistas consisten en su voluntad de mantenerse en el poder  y puesto que hay más de una tensión fraccional en sus filas, los escenarios próximos son especialmente inciertos.

La muerte de Chávez sobrevino en un momento en que el modelo que él impuso comienza a hacer agua.  Sin embargo, la gente (y los venezolanos no son una excepción) tiende a mirar la historia política congelada en ciertas etapas y no como un continuo. Por ello, es probable que sus partidarios asocien una cada vez más sacralizada imagen de Chávez con los “buenos tiempos” y le arroguen a sus sucesores los costos que ya se venían incubando en sus años de despilfarro,  pero se manifestarán crecientemente en lo que está por venir.

Además,  bajo la presidencia subrogante de Nicolás Maduro,  desde hace algún tiempo se viene insistiendo en Venezuela en que Hugo Chávez no es un hombre, sino un camino, un futuro. “Chávez somos todos”,  se leía en rayados murales y pancartas.

Es así como se da a luz un mito, al estilo de un Juan Domingo Perón.  El líder, transformado en ícono, mantiene una unidad aparente de fuerzas muy dispares.  Para todo se invoca su nombre;  a él se atribuye todo lo bueno;  a las fracciones rivales, todas las desviaciones.  Muy al estilo del populismo latinoamericano.  Muy persistente.  Muy penoso.

FERTILIZACION IN VITRO Y LA CORTE INTERAMERICANA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Costa Rica, cuyos tribunales habían decidido que la fertilización in vitro contraría la protección que la Constitución de ese país otorga a la vida desde el momento de la concepción.  Esta sentencia provocó numerosas opiniones en contra y a favor.

Desde hace ya 40 años, cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, en el caso Roe vs Wade, aceptar el aborto, condicionadamente, las posiciones en pugna se han ido extremando.  Para los que adhieren a la opción llamada “pro vida”, en su versión más tajante,  el óvulo fecundado es un ser humano que merece igual protección que un nacido. Para los que proponen la “libertad de opción”, en su variante más radical, un feto en un avanzado estado de gestación no es sino un montón de células.  

Por supuesto, estas posiciones tan extremas son contrarias al sentido común y sólo se explican por razones ideológicas y por el temor de que cualquier concesión equivaldría a deslizarse por una pendiente hacia concederlo todo.

Por su parte, la Convención Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición matizada sobre la materia, fruto de un acuerdo entre muchos Estados: la vida se protege, “en general”, desde el momento de la concepción.    Sobre esta base, algunos Estados latino-americanos permiten excepcionalmente el aborto, típicamente en casos de grave riesgo para la madre, severa malformación del feto y/o embarazo fruto de una violación.  Algunas personas enfatizan la posibilidad de excepciones y buscan ampliarlas.  Sus contradictores remarcan lo opuesto e incluso citan la norma de modo truncado, omitiendo “en general”.

A mi juicio, desde la anidación del óvulo fecundado en el útero se inicia un proceso de gestación que, salvo excepciones, culmina en el nacimiento de un ser humano.  Este proceso merece respeto legal y moral.  En el curso de dicho desarrollo hay múltiples etapas y sub-etapas.  Las más relevantes, éticamente,  son las siguientes: (a) la fertilización del óvulo seguida de la unión de los cromosomas masculinos y femeninos; (b) la anidación del óvulo fecundado en el útero, lo que permitirá la gestación; (c) el inicio de la formación del sistema nervioso del feto, entre los 20 y 30 días; (d) la viabilidad o capacidad del feto de sobrevivir fuera del cuerpo de la madre, aunque sea de forma asistida, lo cual ha ido adelantándose,  con los progresos de la medicina, hasta la semana 26 de la gestación o incluso antes.

En cada una de estas etapas se puede presentar una colisión entre el proceso de vida en gestación y otros valores.  En el caso decidido por la Corte Interamericana, los reclamantes eran parejas  estériles que procuraban tener hijos, no evitarlos. Su única posibilidad era la fertilización asistida, la que supone descartar algunos óvulos fecundados.  La Corte Interamericana decidió que la concepción se inicia con la anidación, no la mera fecundación.  Ello puede ser debatible, pero los argumentos son serios y merecen un análisis razonado, tal como lo merece este encrespado debate.

INSULZA Y EL FIN DE LA OEA

El fin de la OEA ocurrió hace unos 20 años, pero su muerte aún no es oficial.  La verdad es que todo el orden mundial del cual la OEA es sólo un componente regional, quedó bastante obsoleto luego del término de la Guerra Fría.

Dicho orden fue instaurado luego de la Segunda Guerra Mundial.   La cruenta devastación de ese conflicto permitió que se crearan, una vez terminado,  instituciones internacionales desde cero: entes políticos (Naciones Unidas, a nivel global, y organizaciones regionales en América,  Europa y Africa); financiero-monetarios (Banco Mundial, FMI…); militares (OTAN, Pacto de Varsovia);  etc.   

El sistema funcionaba, aunque con graves problemas, los cuales eran más visibles en las organizaciones políticas, como las Naciones Unidas o la OEA.  Estas tuvieron ciertos logros valiosos aunque la relación entre, por una parte, el presupuesto y la burocracia y, por otra, los resultados, nunca fue brillante.  En el fondo, su utilidad consistía principalmente en el hecho de que proporcionaban un foro internacional.

Con la conclusión de la  Guerra Fría, hacia 1991, las falencias de estas instituciones se agudizaron.   Como no ha habido una gran demolición mundial, a diferencia del año 1945, no han existido las condiciones para generar un cambio radical en el orden internacional.  Por tanto, los intentos de renovación han sido fragmentarios: cumbres, actuación conjunta de grupos de países afines, multitud de noveles organizaciones económicas o políticas sub-regionales…  América latina ha contribuido copiosamente a tales intentos.  Pero estas hojas de parra no pueden ocultar la radical desnudez de las entidades tradicionales como la OEA.

Los países de América se merecen la OEA.  Más aún, ellos son la OEA.  Los discursos hueros de sus representantes no logran disimular la endémica falta de voluntad política de sus gobiernos.  Por ejemplo la Asamblea General ha declarado que su sistema de protección de los derechos humanos (La Comisión y la Corte),  lo más valioso que ha producido la OEA en las últimas décadas,  son la “joya de la corona”, pero detrás de las gárgaras retóricas muchos países se esfuerzan por debilitarlo y su financiamiento es cubierto, en parte significativa por…¡Europa!

En este cuadro,  ha hecho noticia el cuestionamiento que  ha formulado una Comisión del Senado de Estados Unidos contra el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza.  Lo  cierto es que, aunque su sello personal sin duda cuenta, su marco de acción lo determinan los países miembros.  En este punto,  debo declarar que soy amigo de Insulza y bien puedo no ser objetivo.  Con todo, comprendo  la pregunta que muchos se hacen: ¿qué hace un político de sus condiciones  en una organización como la OEA?   Quizás su corazón se quedó pegado en Chile, donde anhela volver.

Si es verdad que la violencia es la partera de la historia, se puede decir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial permitieron montar el orden mundial del que la OEA es una pequeña parte.  Pero eso pertenece al pasado.  En el futuro  de las Américas no figura la OEA.  En el de Insulza tampoco.

LA CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS CHILENOS

Comienzo por aclarar que escribo sobre la reciente Carta Pastoral de los obispos chilenos no como creyente,  sino como un agnóstico que ha trabajado de cerca con la Iglesia.

Sin duda, los obispos tienen derecho, aún en un Estado secular,  de publicar sus opiniones sobre cualquier tema.  La controversia que ha generado este  documento episcopal no es acerca del derecho que les asiste para expresarse, sino sobre la competencia de los prelados en materias económicas.

La Iglesia no pretende ser versada en economía sino “maestra de humanidad”. Esta afirmación puede entenderse como un reconocimiento modesto de que  no tiene otro conocimiento experto sino aquel que se refiere a lo que los seres humanos son y estarían llamados a ser; también es posible interpretarla como una aserción – menos modesta- de su supremacía doctrinal y experiencial en estas materias.  En cualquiera de estas connotaciones,  cuando la Iglesia habla sobre cuestiones temporales apunta a un  “deber ser”, no a la probabilidad de que las personas se comporten de acuerdo a tal ideal.  De este modo, siguiendo la célebre distinción de Max Weber, los obispos se expresan a partir de la ética de la convicción.  Para el pensador alemán, los políticos deben, en cambio, adherir a una ética de la responsabilidad.  Ello no implica carecer de convicciones sino seguir un curso de acción que tome en cuenta las probabilidades de la vida real.

Valgan dos  ejemplos: Las autoridades públicas no soñarían con  tratar de eliminar la pobreza propiciando el dictado evangélico de desprenderse de los bienes en favor de los pobres (Marcos 10,21).  Aunque algunas personas profundamente altruistas podrían cumplir ese precepto, como política pública fracasaría, porque la enorme mayoría de la gente, dada la condición humana en su actual fase de evolución, no lo acataría; por esa y otras razones,  la ciencia económica nos dice que sería una medida errónea.  De hecho, hasta donde sé, no existe un pronunciamiento de la Iglesia a favor de una política semejante.   Es contradictorio, sin embargo, que  la Iglesia (así como determinados sectores políticos) asuma que se debe contener una grave patología de transmisión sexual principalmente mediante la abstinencia, aunque ello sea, por decir lo menos, altamente  improbable.

Dicho sea de paso,  tampoco piensa la Iglesia en contextos o probabilidades tratándose de los abusos por parte de sacerdotes.  En este punto, la Carta Pastoral pide perdón por las “faltas” cometidas, pero sin reflexionar acerca de  los impulsos humanos y las circunstancias que los acentúan.  El problema sería, presumiblemente, una suma de transgresiones individuales.

Con todo, el fondo de la Carta Pastoral es hacerse eco del actual malestar existencial sobre la globalización, el lucro desregulado, la desigualdad social…  Ello me parece valioso: Se añade una voz de innegable potencia,  tanto para creyentes como para el país en general, sobre temas de urgente actualidad.  Es claro, sin embargo, que el “cómo hacerlo” y no sólo ”qué fines últimos perseguir”, compete de lleno a la sociedad y al mundo político.

GOBIERNO VERSUS PODER JUDICIAL

Se cuenta que un alto juez europeo llamó al presidente de su país para agradecerle haberlo nominado al cargo. Y agregó: “en adelante mi obligación es ser ingrato”.   Lo que no significaba, por supuesto,  que en lo sucesivo decidiría siempre contra el gobierno, sino que lo haría de modo independiente, sin pensar que debía devolver un favor.

Esta es la esencia de la separación de las tres grandes tareas del Estado, principio articulado, entre otros, por Montesquieu, hace más de dos siglos.  Que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tengan cada cual funciones exclusivas es una de las bases del estado de derecho moderno.  Estas tres ramas se controlan mutuamente:  En Chile, el Presidente y el Senado designan los ministros de la Corte Suprema; el Poder Judicial interpreta las leyes que aprobó el Legislativo  y falla sobre casos en que pueda tener interés el Fisco.  El Ejecutivo maneja las urgencias de la discusión de leyes y puede ejercer veto.   El Congreso fiscaliza al gobierno y puede hacer un juicio político contra, entre otros, ministros de estado y el propio Presidente.

La Constitución establece estos controles y contrapesos pero, aparte de ellos, la autonomía de los poderes clásicos del Estado es absoluta. Y digo “poderes clásicos”, porque la evolución de la política, la economía y el derecho ha ido aconsejando, con el tiempo,  introducir más órganos autónomos del Estado para, entre otras tareas,  ejercer funciones contraloras, asegurar la independencia de la política monetaria, supervisar el sistema electoral o garantizar el acceso a información pública.  Sin embargo, los tres poderes tradicionales siguen siendo el núcleo de todo sistema republicano.

Por eso nuestra Constitución dispone que, respecto de los tribunales  “en caso alguno”  pueden el Ejecutivo o el Congreso, entre otras cosas, revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones judiciales.  El gobierno de Salvador Allende a menudo objetó el funcionamiento mismo de la justicia, además de negarse a cumplir fallos.  Es cierto que en el clima de radical polarización de la época, el Poder Judicial terminó por tomar partido a favor del golpe de estado y luego abdicó su función de proteger los derechos fundamentales.  Sin embargo, la interferencia judicial del Ejecutivo fue indebida y así lo hizo notar enfáticamente la oposición al gobierno de la Unidad Popular.

Es irónico, pues, que ministros de un gobierno de derecha cuestionen fallos judiciales intentando refutar sus fundamentos.  Ello ha ocurrido en materia de combate a la delicuencia, de aplicación de la ley contra el terrorismo y, ahora último, en asuntos medioambientales.  Los involucrados se defienden  alegando la libertad de expresión, principio que es fundamental pero que tiene limitaciones constitucionales cuando se ejerce una función pública.

Por ello, se justifica la molestia de la Corte Suprema.   Cuidar las instituciones vale para todos.  Si el Legislativo o el Ejecutivo desean introducir tales o cuales cambios, que legislen en ese sentido.  Jugar con fuego, como lo están haciendo algunos ministros,  pone en riesgo el presente y futuro de nuestra institucionalidad.